Industria dice que “los consumidores, sus hijos y nietos” pagarán la deuda eléctrica durante 30 años

Es increíble que alguien del Ministerio de “¿energía?” (yo lo rebautizaría como el Ministerio “de las grandes empresas energéticas”) tenga el cinismo de decir eso cuando han sido ellos los que han dado lugar a esa situación y no saben arreglarla. Lo único que se me ocurre ante este tremendo disparate es que los “consumidores, sus hijos y sus nietos” entremos en el Ministerio y los echemos a todos “a guantazos”. Es lo que se merecen y mucho más; no por mala fe pero sí por incapacidad.

Cuando el asunto es bien sencillo.

Yo, como consumidor, no he contraído ninguna deuda, más bien he pagado “religiosamente” todas las facturas que me ha presentado la compañía eléctrica, en mi caso ENDESA y, anteriormente, Sevillana de Electricidad. No puedo tener ninguna deuda por ese lado. Simplemente porque he pagado todo lo que me han presentado. Y además, sin chistar; a pesar de no estar de acuerdo con muchas de esas facturas.

Por eso, llamarle deuda al déficit de tarifa e insinuar que la deuda es de los consumidores es poco menos que delictivo socialmente. El déficit tarifario, definido por la CNE como “diferencia entre lo pagado por los consumidores y el coste reconocido de la electricidad del sistema”, es una “deuda” del sistema en su conjunto, no de los consumidores.

La deuda la han creado “ellos”; es decir el Gobierno y las compañías eléctricas,  que fueron los que tomaron las decisiones, la endosaron a los consumidores y ahora salen con esto. Por tanto, y es evidente para cualquiera medianamente en su juicio, son ellos lo que deben pagarla. Es obvio que el célebre déficit de tarifa no es otra cosa que una ficción contable sin la menor intervención de los consumidores y mucho menos de sus hijos y de sus nietos.

Pero lo explicaré con un poco más de detalle (aunque ya lo he hecho otras veces) para que todo el mundo lo entienda. El asunto empieza con una ley (del Sector Eléctrico, 54/97) consensuada previamente con las grandes empresas eléctricas en un ya olvidado (pero muy importante) “protocolo eléctrico”. A partir de esa ley (que también tiene aspectos positivos) la electricidad convencional (nuclear, carbón, gas natural, grandes hidroeléctricas) del sistema se valora al precio de la más cara que entra en el sistema. En la práctica eso ha dado lugar a unos enormes beneficios para las empresas predominantes en el sistema [1] , que han recibido el nombre de “windfall profit” (beneficios caídos del cielo). Esa y no otra es la causa de la diferencia entre lo que hemos pagado los consumidores y los llamados “costes reconocidos” (que no reales) de la generación de electricidad. A eso se suman las llamadas “primas” (feo e inexacto nombre) a las renovables, a las que me voy a referir enseguida.

En primer lugar, no son subvenciones como malintencionadamente pretenden los que han creado el déficit ficticio hacer creer a todo el mundo; sino las compensaciones legalmente establecidas por leyes y reales decretos, numerosos a lo largo de estos años, a las formas de generar electricidad que no tienen las externalidades de las convencionales. En su momento se pensó en penalizar a éstas para compensar los efectos ambientales negativos que producen, pero a alguien se le ocurrió beneficiar a las que no creaban esos efectos negativos. Personalmente creo que se equivocaron, aunque probablemente con buena intención. El hecho es que esas primas que reciben justa y legalmente los que generan electricidad en el régimen especial (no sólo renovables) también afectan al precio final de la electricidad (abaratándola), dentro del apartado que también con intencionalidad llaman peajes y que son realmente la parte que se reserva el Gobierno (aproximadamente la mitad) para la fijación del precio final. En ese apartado “regulado” hay otras muchas partidas que vienen beneficiando a las empresas tradicionales, y ahora el Gobierno está intentando ajustar algo, con gran enfado de esas empresas. Pero ya no le “quitan lo bailao”, que es mucho. Pero el sistema tiene unos mecanismos perniciosos que siempre van en el mismo sentido. Voy a poner un ejemplo con números concretos:

En el año 2008, el total de la electricidad producida en España costó 23221 millones de euros todo incluido (también las primas a las renovables; en ese año, 2487 millones) y el año siguiente sólo 17493 (también todo incluido) como consecuencia de la mayor cantidad de renovables, que rebajan el precio de la energía en el mercado mayorista. Lo lógico hubiera sido que al consumidor le hubiera costado menos el kWh en el año 2009 que en el 2008. Pues bien, en el año 2008 el consumidor doméstico pagó el kWh a 11,24 céntimos de euro mientras que en el 2009 lo pagó a 12,94 céntimos (un 15,48 % más). ¿Cómo se entiende esto? Por cierto, todos los datos proceden de la Comisión Nacional de la Energía y de Eurostat, por si alguien los pone en duda.

Hay otra cuestión que no quiero dejar de comentar, la de los impuestos. Al día de hoy, el llamado “impuesto a la electricidad” de 4,86 % se aplica al coste total de la electricidad, pero es que al resultado final se le aplica el IVA, en este momento un 21 %. Con esto resulta que estamos pagando un 26,88 % de impuestos. Si lo aplicamos al total que pagamos los consumidores (unos 35000 millones de euros) resultan 9408 millones de euros. Por ello, el Gobierno podría resolver el “tremendo problema” del déficit con la sola decisión de destinar una parte importante de esos impuestos a enjugar ese famoso déficit.

Finalmente, y al margen de que ya es imprescindible cambiar el sistema de valoración de la electricidad en España, acabar con la ficción del déficit de tarifa es tan sencillo como hacer las cuentas desde que se implantó el sistema actual y que disminuya el exceso de beneficios de las compañías eléctricas y del estado. Y si se han endeudado haciendo más ciclos combinados o más nucleares de las necesarias,  ése es su problema por haberse equivocado en sus planificaciones y no debemos pagar los consumidores, nuestros hijos y nuestros nietos.

[1] Beneficios que se han llevado a otros países para seguir haciendo allí lo mismo que aquí: abusar de los consumidores.

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