Los gobernados no deben pagar los errores de los gobernantes.

En realidad no es así. Los consumidores de electricidad de España ya hemos pagado los errores de los gobiernos del PP (1996-2004) y del PSOE (2004-2011), unos por acción y otros por omisión. Y los seguimos pagando.

Han tenido muchas ocasiones para corregir esos errores y ahora el nuevo gobierno vuelve a tener la oportunidad, el derecho para hacerlo y el deber ya ineludible.

Me explico, aunque sea de forma simplificada:

 

Los gobiernos pasados (del PSOE), sobre todo el último con el Sr. Sebastián al frente de Industria (y el Sr. Marín a su lado como secretario de Estado), estaban muy preocupados por el déficit de tarifa. Este recién estrenado (del PP) con el Sr. Soria (gran experto en energía) como ministro parece que ha heredado de su antecesor la misma preocupación, que siempre me pareció más obsesión que otra cosa. Me gustaría decirle a ambos que la solución es sencilla. El Sr. Sebastián ya no puede aplicarla, pero el Sr. Soria sí.

Muchos pensarán que soy un presuntuoso y que si tenía la solución por qué no lo he dicho antes. Y sí que lo he dicho, y muchas veces. Pero, claro, los gobiernos que hemos tenido –el que tenemos también- le hacen mucho más caso a los dirigentes de las grandes empresas energéticas, que para eso cobran grandes sueldos (cantidades modestas que se miden en millones de euros), que a un modesto catedrático de universidad (con un sueldo muy inferior, casi miserable), a punto de jubilarse pero que, eso sí, ha dedicado toda su vida a explicar a futuros ingenieros la ciencia de la energía, la termodinámica. Pero es que tanto ruido como se hace sobre el tema me ha llevado a estudiarlo más o menos a fondo y he llegado a la sencilla conclusión de que el “lío” lo han montado ellos y, claro, la solución también la tienen ellos. Al decir ellos, me refiero a los sucesivos gobiernos desde el año 1996.

Fue un gobierno del PP el que empezó a preocuparse por los temas energéticos, con un ministro de Economía muy listo (sigue ganando mucho dinero, ahora en la banca) que vio que las grandes empresas no ganaban suficiente dinero para ir a gastarlo a otros países y poner en marcha el proceso que ahora este nuevo gobierno (del PP) quiere retomar y al que han dado en llamar “marca España”. Sería interesante entrar en ese asunto a fondo para analizar lo que hacen nuestras grandes empresas en América Latina, por ejemplo, y ver el prestigio popular que allí tienen. Lo dejo para otra ocasión.

Pues bien, aquel gobierno, nada más entrar, firmó un Protocolo con las empresas eléctricas, con acuerdos sumamente interesantes para ellas, claro; no para el conjunto de la sociedad,que vio cómo subía el recibo de la “luz” (en realidad de la electricidad, que es lo que ellos venden; la luz no pueden venderla, ya que la mayor cantidad que usamos los seres humanos viene directamente del Sol). Subía a pesar de que la primera declaración de aquel célebre ministro fue que no subiría. Bueno, no es de extrañar, es lo habitual, dicen una cosa y, de inmediato, hacen u ocurre lo contrario.

Fruto de aquellos acuerdos fue el principio formal y legislativo de todo el embrollo en el que estamos ahora: la ley 54/97, de finales de 1997. En ella se sientan las bases de la situación actual, con todas sus consecuencias. Rectificar es de sabios y este gobierno sería sabio si rectificara lo que hicieron gobiernos anteriores de su mismo partido político.

Con esa ley se santificó el paso de un sistema eléctrico regulado (es decir, que el gobierno valoraba los costes del sistema y ponía el precio de la electricidad de acuerdo con ellos) a otro en parte “liberalizado”: se estableció el sistema de subastas actual (el célebre ‘pool’) y se formalizó el “régimen especial”, que agrupaba a todas las formas de generar electricidad que se suponía en aquel momento “especiales” por algo: tamaño de las instalaciones, necesidad de fomentarlas, etc. En ese régimen especial está la cogeneración (forma muy eficiente de generar electricidad, porque se aprovecha parte del calor residual de la central correspondiente), el desecado de purines con gas natural (eufemísticamente “tratamiento de residuos”), el aprovechamiento energético de las basuras y las energías renovables con excepción de las grandes hidroeléctricas, que se ubicaron en el “régimen ordinario” (vamos, el de toda la vida). Todo eso tiene y ha tenido aspectos positivos y negativos. Me referiré a los últimos para que se entiendan los errores y luego se comprenda que los gobernados (es decir, todos los ciudadanos) no tenemos por qué pagarlos y, sin embargo, estamos pagándolos, y no sólo en el recibo de la electricidad.

Como inciso tengo que decir algo evidente: todas las formas de generar electricidad no cuestan lo mismo, aunque la electricidad sea igual independientemente de su origen. También conviene aclarar que el valor de la electricidad debería depender de algunos factores adicionales, como la capacidad de ser producida en consonancia con el consumo, es decir, por su gestionabilidad, que depende sobre todo de su capacidad de arranque-parada y de su capacidad de almacenamiento. Pero también ese es otro cantar.

Volviendo al asunto principal, y siempre mirando sólo el aspecto del dinero, hay dos circunstancias fundamentales que no debemos ocultar ni olvidar:

•La electricidad ha venido subiendo sistemáticamente hasta llegar a los más de 16 céntimos de euro que le cuesta ahora mismo a los consumidores domésticos. En concreto, desde el año 2005 hasta finales de 2011 ha subido un 60 %; es decir, del orden de un 10% anual.

•Las grandes compañías eléctricas se han “forrado” en este periodo, con beneficios claramente desproporcionados. Según mis estimaciones (la opacidad de la información es lo normal), han ganado del orden 75000 millones de euros, entre “unas cosas y otras”. Dinero de los consumidores españoles que han repartido inteligentemente entre sus accionistas y sus inversiones en el extranjero.

Todo eso es consecuencia de la inadecuada legislación, parcheada continuamente y sin que nunca haya incluido los necesarios controles y mecanismos de corrección. Por eso, cuando han tenido que corregir algo, consecuencia de la falta de conocimiento de los sectores y de previsión de la evolución de los mercados, han “toqueteado” todo, con irregularidades incluso legales que tienen a nuestro país en los tribunales internacionales. Pero nunca “tocaron” nada que afectara a los inmensos beneficios de las grandes eléctricas, que son las que han dictado la política energética de nuestro país. Siempre en perjuicio de los consumidores, hasta llegar al colmo de la situación actual, en que todos esos errores se consolidan en una “deuda” de los consumidores con las compañías eléctricas. Me parece el colmo de los disparates: pagamos la electricidad más cara de Europa y encima debemos dinero a las empresas que se forran continuamente y además se jactan de ello.

Esta situación tiene que cambiar poniendo las cosas en su sitio, o sea, limitando los excesivos beneficios de las empresas eléctricas.

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