El Supremo confirma que las eléctricas asuman el déficit tarifario

En el mismo día que se confirma que va a subir una vez más el precio al consumidor de la electricidad me llega también la noticia de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias que confirman que las cinco grandes eléctricas de España deben financiar el déficit tarifario, al ser las principales del mercado español y haberse beneficiado en el pasado de la compensación de los llamados Costes de Transición a la Competencia.

Algo sorprendente es que las sentencias están fechadas el 18 de Noviembre –hace casi un mes- y, si es verdad que el Supremo dice que las cinco grandes eléctricas deben financiar el déficit de tarifa, -parece que así es- no se entiende que el gobierno suba la electricidad con el pretexto, como siempre, del déficit de tarifa. Eso, amen de que el gobierno tiene dos herramientas inmediatas para resolver el déficit de tarifa:

·      La primera y, más inmediata, está en dejar una parte de los impuestos que el estado recibe por la electricidad, aproximadamente 9500 millones de euros al año para amortizar el célebre déficit que, por cierto, creo un ministro del PP –el Sr. Rato- en el año 2002. Solo con un 50 % de esos ingresos se enjugaría el déficit (del orden de 26000 millones) en cinco años y medio.

·      La segunda medida y que no tiene porque ser alternativa a la primera, es modificar la forma de valorar el kWh generado por las grandes hidroeléctricas y la nuclear. Con esa medida se ahorraría aproximadamente 4000 millones más al año.

Es evidente que con las dos al mismo tiempo –perfectamente posible y en manos del gobierno- el déficit quedaría resuelto en solo tres años y sin modificar el precio de la electricidad para unos consumidores ya suficiente e injustamente tratados por unos gobiernos que solo miran por el interés de las grandes empresas energéticas.

 

En fin, veremos qué hace el Supremo ante esta nueva tropelía del gobierno.

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Pequeño desahogo

Me impresiona leer las tonterías y falacias que dicen algunos lideres (¿?) políticos. Una de ellas (ni la única ni la más importante) es que el presidente de Extremadura dice que porque su padre era guardia civil de segunda (el mío también lo era) no tenía beca por eso, porque su padre era funcionario. Me indigna porque yo si tuve beca y pude estudiar justo porque mi padre era guardia civil de segunda (como él, demagógicamente dice de su padre; para mi fue fundamental que mi padre lo fuera porque si no lo hubiera sido yo no hubiera podido estudiar). Tuve beca y la perdí en algún momento porque tuve que trabajar para seguir viviendo y no conseguí el notable de media que entonces se exigía pero no porque mi padre fuera guardia civil. En fin, ¡qué le vamos a hacer! Así son nuestros dirigentes políticos. En este caso, del PP. En el PSOE los hay parecidos sino iguales. Ya está bien. ¡Váyanse a su casa y déjennos tranquilos! Los medios de comunicación no ayudan mucho en lo fundamental, clarificar la situación y poner en su justo lugar a todos estos manipuladores. ¿Cómo se puede decir lo que dice Monago y no denunciarlo a partir de una mínima investigación periodística? Elemental por otra parte.

Claro que su antecesor en el cargo, el Sr. Rodríguez Ibarra no era muy diferente. Lo se bien. Lo de la refinería en la Tierra de Barros me deja pasmado. Con todo lo de alrededor (subvenciones incontroladas al Sr. Gallardo, tío soltero de su secretario general del partido en Extremadura). Y la prensa extremeña tan pancha. Sin problemas. ¡Mientras siga el pesebre! Es lamentable. ¡Qué pena de mi tierra y de sus gentes!

Por supuesto esto no lo enviaré a ningún medio de comunicación convencional de Extremadura ni nacional. Y mucho menos a un medio catalán o vasco que lo utilizarían para desprestigiar a mis paisanos que solo sufren a estos nefastos políticos como ellos soportan a los suyos, si cabe peor que los nuestros. Me limitaré a ponerlo en mi blog. Por lo menos me desahogo

Industria dice que “los consumidores, sus hijos y nietos” pagarán la deuda eléctrica durante 30 años

Es increíble que alguien del Ministerio de “¿energía?” (yo lo rebautizaría como el Ministerio “de las grandes empresas energéticas”) tenga el cinismo de decir eso cuando han sido ellos los que han dado lugar a esa situación y no saben arreglarla. Lo único que se me ocurre ante este tremendo disparate es que los “consumidores, sus hijos y sus nietos” entremos en el Ministerio y los echemos a todos “a guantazos”. Es lo que se merecen y mucho más; no por mala fe pero sí por incapacidad.

Cuando el asunto es bien sencillo.

Yo, como consumidor, no he contraído ninguna deuda, más bien he pagado “religiosamente” todas las facturas que me ha presentado la compañía eléctrica, en mi caso ENDESA y, anteriormente, Sevillana de Electricidad. No puedo tener ninguna deuda por ese lado. Simplemente porque he pagado todo lo que me han presentado. Y además, sin chistar; a pesar de no estar de acuerdo con muchas de esas facturas.

Por eso, llamarle deuda al déficit de tarifa e insinuar que la deuda es de los consumidores es poco menos que delictivo socialmente. El déficit tarifario, definido por la CNE como “diferencia entre lo pagado por los consumidores y el coste reconocido de la electricidad del sistema”, es una “deuda” del sistema en su conjunto, no de los consumidores.

La deuda la han creado “ellos”; es decir el Gobierno y las compañías eléctricas,  que fueron los que tomaron las decisiones, la endosaron a los consumidores y ahora salen con esto. Por tanto, y es evidente para cualquiera medianamente en su juicio, son ellos lo que deben pagarla. Es obvio que el célebre déficit de tarifa no es otra cosa que una ficción contable sin la menor intervención de los consumidores y mucho menos de sus hijos y de sus nietos.

Pero lo explicaré con un poco más de detalle (aunque ya lo he hecho otras veces) para que todo el mundo lo entienda. El asunto empieza con una ley (del Sector Eléctrico, 54/97) consensuada previamente con las grandes empresas eléctricas en un ya olvidado (pero muy importante) “protocolo eléctrico”. A partir de esa ley (que también tiene aspectos positivos) la electricidad convencional (nuclear, carbón, gas natural, grandes hidroeléctricas) del sistema se valora al precio de la más cara que entra en el sistema. En la práctica eso ha dado lugar a unos enormes beneficios para las empresas predominantes en el sistema [1] , que han recibido el nombre de “windfall profit” (beneficios caídos del cielo). Esa y no otra es la causa de la diferencia entre lo que hemos pagado los consumidores y los llamados “costes reconocidos” (que no reales) de la generación de electricidad. A eso se suman las llamadas “primas” (feo e inexacto nombre) a las renovables, a las que me voy a referir enseguida.

En primer lugar, no son subvenciones como malintencionadamente pretenden los que han creado el déficit ficticio hacer creer a todo el mundo; sino las compensaciones legalmente establecidas por leyes y reales decretos, numerosos a lo largo de estos años, a las formas de generar electricidad que no tienen las externalidades de las convencionales. En su momento se pensó en penalizar a éstas para compensar los efectos ambientales negativos que producen, pero a alguien se le ocurrió beneficiar a las que no creaban esos efectos negativos. Personalmente creo que se equivocaron, aunque probablemente con buena intención. El hecho es que esas primas que reciben justa y legalmente los que generan electricidad en el régimen especial (no sólo renovables) también afectan al precio final de la electricidad (abaratándola), dentro del apartado que también con intencionalidad llaman peajes y que son realmente la parte que se reserva el Gobierno (aproximadamente la mitad) para la fijación del precio final. En ese apartado “regulado” hay otras muchas partidas que vienen beneficiando a las empresas tradicionales, y ahora el Gobierno está intentando ajustar algo, con gran enfado de esas empresas. Pero ya no le “quitan lo bailao”, que es mucho. Pero el sistema tiene unos mecanismos perniciosos que siempre van en el mismo sentido. Voy a poner un ejemplo con números concretos:

En el año 2008, el total de la electricidad producida en España costó 23221 millones de euros todo incluido (también las primas a las renovables; en ese año, 2487 millones) y el año siguiente sólo 17493 (también todo incluido) como consecuencia de la mayor cantidad de renovables, que rebajan el precio de la energía en el mercado mayorista. Lo lógico hubiera sido que al consumidor le hubiera costado menos el kWh en el año 2009 que en el 2008. Pues bien, en el año 2008 el consumidor doméstico pagó el kWh a 11,24 céntimos de euro mientras que en el 2009 lo pagó a 12,94 céntimos (un 15,48 % más). ¿Cómo se entiende esto? Por cierto, todos los datos proceden de la Comisión Nacional de la Energía y de Eurostat, por si alguien los pone en duda.

Hay otra cuestión que no quiero dejar de comentar, la de los impuestos. Al día de hoy, el llamado “impuesto a la electricidad” de 4,86 % se aplica al coste total de la electricidad, pero es que al resultado final se le aplica el IVA, en este momento un 21 %. Con esto resulta que estamos pagando un 26,88 % de impuestos. Si lo aplicamos al total que pagamos los consumidores (unos 35000 millones de euros) resultan 9408 millones de euros. Por ello, el Gobierno podría resolver el “tremendo problema” del déficit con la sola decisión de destinar una parte importante de esos impuestos a enjugar ese famoso déficit.

Finalmente, y al margen de que ya es imprescindible cambiar el sistema de valoración de la electricidad en España, acabar con la ficción del déficit de tarifa es tan sencillo como hacer las cuentas desde que se implantó el sistema actual y que disminuya el exceso de beneficios de las compañías eléctricas y del estado. Y si se han endeudado haciendo más ciclos combinados o más nucleares de las necesarias,  ése es su problema por haberse equivocado en sus planificaciones y no debemos pagar los consumidores, nuestros hijos y nuestros nietos.

[1] Beneficios que se han llevado a otros países para seguir haciendo allí lo mismo que aquí: abusar de los consumidores.

La reforma energética del Gobierno en Televisión Española

Tengo la impresión de haber vuelto a un control antidemocrático de la información en España. Si lo centramos en la televisión pública (TVE), el último escándalo de la mínima información sobre la Diada en Cataluña es sólo un ejemplo muy evidente, ocultando o minimizando una concentración de más de un millón y medio de ciudadanos catalanes. Hay muchos más. El que quiero comentar aquí es el poco afortunado informe sobre la reforma energética del Gobierno en los tres telediarios del pasado día 14 de septiembre. Parece que para Televisión Española el sistema eléctrico son sólo las grandes instalaciones de transporte y distribución,  y únicamente  le pide opinión a la patronal del sector convencional, UNESA, y a uno de los representantes de una asociación de consumidores, FACUA, olvidándose totalmente de la participación de algún representante de las energías renovables, más injustamente afectadas por la reforma.

Para mí,  uno de los sectores de las renovables al que habría que haberle pedido opinión es el de la electricidad termosolar, que tantas veces ha sido citado con razón como referencia mundial y en el cual nuestras empresas son tan campeonas del mundo como “la roja” en el fútbol. Nuestras empresas están construyendo casi todas las centrales en todo el mundo, dando una imagen de nuestro país (marca España) que no dan ni de lejos nuestras empresas del sector convencional. Por cierto que en el reportaje de TVE se “cuela” una buena publicidad de Iberdrola (¿la ha pagado?). ¿Por qué no de alguna renovable?
Espero que Televisión Española rectifique su actitud contraria a las mínimas normas de ética informativa.

Una nueva ley de energía es ya imprescindible

Ya está bien de parcheos en el sistema eléctrico

Lo que dicen que va a hacer el Gobierno en el sistema eléctrico es otra chapuza. Lo malo es que todo parece indicar que va a ser así. Por eso también entiendo que haya en el seno del Gobierno lo que dicen que hay: desacuerdo y grandes dudas. Y no sólo porque el ministro Montoro parece que apoya a las renovables (no me lo creo del todo) y el ministro Soria dicen que está influido por las grandes eléctricas.

En vez de nuevos parches en base a reales decretos y reales decretos leyes, lo que es imprescindible ya es una nueva ley de la energía que ponga todas las cosas en su sitio. Yo le llamaría “Ley de calidad de la energía”. Lo de calidad es porque no se deben considerar solo los aspectos cuantitativos sino también y sobre todo los cualitativos, que son muy variados y complejos pero que ya no pueden obviarse.

Tengo la impresión de que tanto este Gobierno como los anteriores no han hecho un ejercicio elemental en toda función de gobernar: analizar la situación y la historia legislativa que nos ha llevado a ella; en este momento, dentro del ámbito de la energía, sólo haré referencia al sector de la electricidad, porque los combustibles son otra cosa bastante diferente y requieren un análisis específico.

El asunto es que la ley 54/97 del sector eléctrico supuso un cambio radical de regulación y gestión del sistema eléctrico en España. Con esa ley pasamos de un sistema totalmente controlado por el Gobierno (el llamado marco legal estable) a otro en el que las leyes del mercado iban a abaratar la electricidad gracias a la competencia que, con la ley, se iba a establecer. Ya se ha visto el resultado, claramente contrario a lo esperado. En la citada norma, al margen de contradicciones conceptuales graves que se pueden observar en su “exposición de motivos” y de aciertos también importantes, como la concreción del Régimen Especial que permitía tratar de forma especial a las formas energéticas que en aquel momento eran minoritarias en el sistema (las renovables y la cogeneración), lo que hay que analizar con el máximo detalle posible es su desarrollo y el éxito o fracaso de su aplicación. Sin entrar en muchos matices, algunos de los cuales son imposibles por la gran confusión que existe en ciertos aspectos del sistema eléctrico, me voy a permitir relatar lo más significativo –en lo malo y en lo bueno-. Lo evidente es que hay que cambiarla por otra que recoja la experiencia adquirida y ponga “a cero” (resetee) algunos elementos esenciales sin por eso caer en retroactividades y pérdida de seguridad jurídica.

Empecemos por su desarrollo a través de reales decretos, reales decretos leyes y otras figuras legislativas. También sin entrar en detalles, imposible para mí,  por otra parte.

Sólo como curiosidad, desde finales de 1997, cuando se aprobó la ley en el Parlamento, hasta hoy, se han aprobado 36 RD, 8 RDL y 3 leyes relacionados con el sistema eléctrico. Amén de ordenes ministeriales, etcétera,  que no tengo contabilizadas. Esto me hace recordar un aforismo curioso que me parece apropiado al caso. Dice así: “cuantas más leyes tiene un sistema, más degradado está”, o algo parecido. Pues ésa es una de las manifestaciones claras del deterioro de esta ley: que la gestión del sistema está muy degradada como consecuencia del gran número de leyes que lo rigen.
Pero lo peor no es sólo el número excesivo de normativas, sino los continuos cambios de rumbo que significan unas respecto de las otras con muy poca diferencia de tiempo. Eso   sólo tiene una explicación racional: que siempre se ha legislado sin tener en cuenta dos premisas que me parecen elementales. Una, que cuando se legisla hay que intentar prever las consecuencias de todo tipo de lo legislado; y otra, también elemental,  que hay que incluir en el RD, RDL o ley una posibilidad de corregir los errores a medida que se vayan produciendo y observando.

Así, cuando en el RD 2818/98 se fijaron primas para el Régimen Especial no se valoró con suficiente precisión las consecuencias del valor y las condiciones fijadas. El caso que a mí me pareció de peores consecuencias fue que para las tecnologías solares (en aquel momento sólo la fotovoltaica) se estableció un razonable esquema en las primas: si la instalación era de menos de 5 kW (es decir instalaciones domésticas) la prima era de 60 PTA/kWh;  y si era de más de 5 kW (es decir, todas las demás, incluidas las grandes), la prima era de 30 PTA/kWh. Pero no se pusieron las suficientes salvaguardas para que no se produjera el auténtico fraude de ley al que se llegó con el “invento” de los huertos solares (agrupación de cualquier número de instalaciones de 5 kW para cobrar a 60 PTA el kWh hasta llegar al tamaño que le interesara al promotor). Esto dio lugar a unas grandes distorsiones del mercado, con abusos especulativos e invasión de fabricantes extranjeros (sobre todo chinos) con productos de baja calidad y a precios excesivos en comparación con su coste, que no incorporaba la lógica rebaja correspondiente a un aumento de producción. En definitiva, un auténtico disparate que nadie se ocupó de corregir. El RD 436/04, aprobado “de prisa y corriendo” en el último consejo de ministros del último Gobierno del PP dos días antes de las elecciones del 2004, más bien acentuó esos errores aumentando las primas hasta valores claramente irresponsables.

Pero los gobiernos del PSOE también cometieron disparates y uno importante fue cuando se le quiso poner algo de remedio a la situación previa (responsabilidad de gobiernos del PP) con el RD 661/07, con un nuevo sistema de cupos por potencias en la fotovoltaica y, peor aún, el RDL 06/2009 recortando las perspectivas de la termosolar. Con estos RD se trató de corregir algo la situación poniendo en marcha mecanismos de control de los desarrollos de proyectos (especialmente en fotovoltaica) con la creación del registro de preasignaciones y los correspondientes cupos por intervalos temporales determinados. La idea no era mala y tuvo sus efectos en la fotovoltaica, pero en la termosolar fue un auténtico desastre,  con un efecto llamada no previsto por el legislador (el secretario de Estado de entonces) y que obligó a las empresas a cumplir unos requisitos desproporcionados en un mes. Algunos de esos requisitos (asegurar compra de equipos, por ejemplo) impiden en la práctica que se pueda disminuir el coste del kWh producido incorporando los avances tecnológicos desarrollados en las primeras centrales instaladas y operadas. No se debe olvidar que en esas interesantes tecnologías energéticas estamos al principio de su desarrollo. En fin, otros “parcheos” que no solucionaban lo esencial.

Pero eso es la anécdota. Lo importante –para las grandes compañías eléctricas- fue el sistema de valoración de la electricidad generada por el Régimen Ordinario, la subasta por la que se fija el precio del kWh, es decir el procedimiento que iba a abaratar la electricidad gracias a la libre competencia de los generadores. El resultado es que un kWh que cuesta producirlo 0,3 céntimos de euro (el de las grandes hidroeléctricas) lo paga el sistema a 6 céntimos (o sea, veinte veces más). Con la nuclear ha pasado y sigue pasando algo parecido (de 1,8 céntimos a 6). Estos beneficios extraordinarios de la generación hidráulica y nuclear reciben el nombre de “windfall profit” (beneficios caídos del cielo). Por otro lado, y eso no lo tenían previsto las grandes eléctricas, cuando hay mucha generación con renovables baja sustancialmente el precio, aunque luego eso –sorprendentemente- no repercute en la factura final al consumidor gracias a otros “artilugios” legales que se aplican para mantener e incluso aumentar los beneficios de las eléctricas. Como ejemplo numérico concreto daré unos datos que lo dejan claro. Toda la electricidad generada en España en el año 2008 costó 23221 millones de euros, incluidas las primas al régimen especial; y en el año 2009, 17493 millones de euros (5728 millones menos) como consecuencia de que hubo muchas más renovables en el 2009 que en el 2008. Pues bien,  el kWh lo pagó el consumidor doméstico (fuente Eurostat) a 11,24 céntimos de euro en el 2008 y a 12,94 en el 2009 (un 15 % más caro, cuando la electricidad costó un 24,7 % menos). Como curiosidad adicional hay que decir cuánto fue el valor de las primas a las renovables (2487 millones en 2008 y 4692 millones en 2009). Me parece que está claro con este ejemplo: con más primas a las renovables el total de la electricidad costó menos pero el precio final al consumidor fue mayor.

Pero, no hay que olvidarlo, todos estos mecanismos son legales, todo se apoya en las leyes. En realidad yo creo que es al revés: se hacen las leyes para que lo que le interesa a las grandes empresas sea legal.

Otra cuestión que me “levanta ampollas” es el tema del déficit de tarifa. Creo que vale la pena que le dedique unas líneas. El asunto tiene “miga”,  sobre todo contemplado en estos días en los que todos los problemas que tenemos provienen de la herencia recibida.

Pero, antes que nada, explicaré qué es el deficit de tarifa, en definición de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que es el organismo competente para estas cuestiones. Según la CNE,  el deficit de tarifa es la “diferencia entre lo que se paga por la electricidad y el “coste reconocido a las empresas que intervienen en el proceso”. Es decir que los consumidores pagamos menos por la electricidad que lo que se “reconoce” que cuesta, no lo que cuesta en realidad. Se estableció (Rodrigo Rato) para evitar que subiera el “recibo de la luz” (por cierto que la luz no tiene recibo, es gratis; lo que tiene recibo es la electricidad) como consecuencia de la subida del precio del petróleo y del gas natural en aquel momento. Naturalmente no se pensó en que las eléctricas asumieran sus errores de planificación y las inversiones excesivas. Pero si lo que se pretendía era que no subiera el recibo de la luz resulta muy curioso que se estableciera un mecanismo por el cual los consumidores contraen una deuda con el “sistema eléctrico” sin contar con ellos (¿no les parece raro tener una deuda sin “comerla ni beberla”?). Claro, esa deuda la estamos pagando, y con intereses importantes que reciben las eléctricas y que engordan sus beneficios financieros. Lo sorprendente es que las compañías eléctricas, que son las que cobran la deuda con los correspondientes beneficios, se quejan de que exista esa deuda. O sea, que un dinero que dicen que no hemos pagado nos lo cargan a nuestra cuenta y nos cobran intereses. No sé qué opinan pero a mí me parece una tomadura de pelo. Pero, hay más matices, sobre todo si lo miramos desde el punto de vista del consumidor doméstico,  que paga el kWh casi el doble de caro que las industrias y bastante más que las pymes. Al día de hoy,  por encima de 20 céntimos de euro cuando hace solo cuatro años se pagaba a 11,24 céntimos.

Y ahora resulta que para enmendar aquel tremendo error el Gobierno actual dice que tienemos que pagar todos. Al margen de que han sido los sucesivos gobiernos -empezando por el del PP que lo estableció-  los que  tienen la culpa de la situación ficticia a la que se ha llegado y de  que la “herencia” viene de ellos (el PSOE no supo corregir los errores que comento; ese fue su error y su contribución a la herencia). Pero, de momento, lo único que ha ocurrido ha sido el aumento desconsiderado de la factura de la electricidad hasta convertir a los españoles en los europeos que más caro pagan el kWh (y sólo en 6 meses de este Gobierno ha aumentado más todavía). La otra medida ha sido paralizar el desarrollo de las energías renovables, que son las que más beneficios proporcionan a nuestro país.

¿Qué van a hacer ahora? ¿En qué consistirá la célebre reforma del sistema eléctrico que llevan estudiando desde que tomaron posesión como Gobierno? Nadie lo sabe pero las grandes eléctricas se están encargando de coaccionar al Ejecutivo  con declaraciones ofensivas para todos los demás e incitándolo a que haga lo que han hecho siempre los anteriores: legislar para que ellas ganen cada vez más dinero a costa de lo que pagamos los consumidores (35000 millones de euros el año 2011).

Después de todo lo dicho me parece que se entiende lo que deberían hacer (aunque esa afirmación no debe tomarse ni siquiera como insinuación; solo como opinión personal), y aunque se que nadie del Gobierno va a leer esto, como sí leen lo que escriben los grandes directivos de las compañías eléctricas, tengo que expresar mi opinión, que ya vengo repitiendo en varias ocasiones:

Ya hace falta una nueva ley de la energía que corrija el desaguisado al que hemos llegado. 

Como he dicho en otro artículo hace unos días, esa nueva ley pueden hacerla como quieran –como es lógico- pero conceptualmente caben dos orientaciones políticas según los deseos del partido en el Gobierno:

•    Manteniendo el enfoque político (liberal-capitalista) de la ley actual pero corrigiendo los fallos que hacen que no cumpla su principal objetivo, el cual era abaratar el coste de la generación de electricidad gracias a la competitividad que se iba a establecer con el sistema de subastas. Ya se ha visto que no ha sido así y no por culpa –como ellos dicen- de las primas a las renovables, sino por los “windfall profit” de las nucleares y de las grandes hidroeléctricas junto a otros excesos de beneficios de las grandes empresas del sector.

•    Volver al sistema regulado anterior a la ley (Marco Legal Estable), por el que el Gobierno (sea del color que sea) debe ser el que controle el sistema y establezca los precios de la electricidad, lógicamente a costa de controlar los beneficios de las empresas (de todas) que intervengan en el sistema.
Cualquier otra cosa que no sea cambiar la ley no satisfará a nadie y, lo peor, no resolverá el problema: ni el del déficit de tarifa ni la injusticia de los beneficios excesivos y el precio también excesivo del kWh para el consumidor.

¿Corruptelas de la información energética?

Me cuentan fuentes habitualmente muy bien informadas que una gran compañía eléctrica  fletó un avión para llevar a la final de la copa de Europa de fútbol a unos cuantos periodistas y tertulianos especializados. ¿En fútbol? Pues no, eran especialistas en energía (aunque por lo que escriben y comentan más parecen corifeos de quien presuntamente les habría pagado el viaje porque, desde luego, de energía me demuestran que no tienen ni idea). Por supuesto, la intención de este viaje pagado parece clara, sobre todo cuando se ha visto el resultado: los periódicos y emisoras de radio y TV a los que estos profesionales representan están ejerciendo de auténticos mamporreros de las grandes empresas eléctricas para convencer al Gobierno de lo malas que son las tecnologías solares (todas, incluidas las termosolares, que a su juicio son las peores) y lo buenos que son los ciclos combinados y la nuclear.

 

Mucho me temo que este Gobierno hará lo que sus antecesores, incluido el que puso en marcha el proceso por el que hemos llegado a esta situación (el primero de Aznar y Rato, 1996-2000) y los que le siguieron, comprendidos los del PSOE, que no supieron o quisieron corregir los fallos de la ley “liberalizadora” 54/97: parchearla cambiando algo para que “todo siguiera como estaba” (‘Il Gatopardo’, Giuseppe Tomasi di Lampedusa).

No acabo de entender lo que está pasando, por mucha buena fe que le pongo. Me refiero sobre todo al empeño que Iberdrola le está poniendo contra la termosolar, cuando la razón más simple deja de manifiesto que es la salida de medio y largo plazo más sensata. Eso sí, para el conjunto del país, no para ellos en exclusiva, que es lo que han venido practicando sistemáticamente desde siempre. Se equivocaron con los ciclos combinados e incluso con las nucleares y no acaban de aceptarlo; también su incursión en las tecnologías solares termoeléctricas ha tenido poco éxito (¿será eso?). Me permito aconsejarles para que cambien de enfoque y se sumen al tren de la historia como están haciendo en otros países y otras empresas.

Al Gobierno sólo quiero sugerirle -con el debido respeto y consideración- que cambie radicalmente la ley 54/97 en uno de los dos sentidos que son posibles:

·      Manteniendo el enfoque político (liberal-capitalista) de la ley actual pero corrigiendo los fallos que hacen que no cumpla su principal objetivo, el cual era abaratar el coste de la generación de electricidad gracias a la competitividad que se iba a establecer con el sistema de subastas. Ya se ha visto que no ha sido así y no por culpa –como ellos dicen- de las primas a las renovables, sino por los “windfall profit” de las nucleares y de las grandes hidroeléctricas junto a otros excesos de beneficios de las grandes empresas del sector.

·      Volver al sistema regulado anterior a la ley (Marco Legal Estable), por el que el Gobierno (fuera del color que fuera) era el que controlaba el sistema y establecía los precios de la electricidad, lógicamente a costa de controlar los beneficios de las empresas (de todas) que intervenían en el sistema.

Volviendo a lo del viaje a la gloriosa Eurocopa de fútbol, creo que es una auténtica inmoralidad (aunque a esos periodistas y tertulianos no se lo parezca), y tanto por un lado como por el otro, porque tan inmoral es el que acepta un regalo interesado como ese, en la situación actual, como el que lo ofrece. Y este caso es bien claro, aunque me dirán que yo no soy especialista ni en periodismo ni en jurisprudencia. Y es cierto; pero tengo todo el derecho a expresar mis opiniones ante circunstancias como las que estamos viviendo.

“Lo mejor que nos puede pasar es encontrar petróleo o gas natural en Canarias”

Tengo que contradecir –una vez más- a un ministro de Energía de mi país. Es que no se enteran; los ministros, quiero decir.

En mi opinión es justo lo contrario: lo mejor que le puede pasar a Canarias y a España es que no haya petróleo ni gas natural en los mares que rodean a las Islas Afortunadas, que lo son precisamente porque lo que tienen es la mayor fuente energética del planeta, el sol.

Por otro lado, esos supuestos pozos de petróleo y/o gas natural puede que no estén en aguas territoriales claramente españolas, con lo cual tendríamos servido un nuevo litigio con nuestros vecinos marroquíes.

Pero lo que me hace afirmar con total rotundidad que lo mejor para Canarias, para España y para el mundo es que no haya tales fuentes energéticas fósiles en las inmediaciones del archipiélago canario es la oportunidad que se perdería de modificar el sistema energético canario hacia la racionalidad; es decir, consumir lo necesario y un abastecimiento en base a los recursos naturales propios, sobre todo el sol. Si hubieran hecho eso hace ya un tiempo no tendríamos que pagar los habitantes de la Península 1000 millones de euros de más en nuestra factura eléctrica (parte del célebre déficit de tarifa) para que la electricidad producida en las islas con combustibles fósiles les salga tan barata que la derrochan, como todos los demás españoles. Si la produjeran ellos con sus medios, la valorarían más y contaminarían mucho menos. Además de dar ejemplo a otros lugares del mundo.

¡Imaginen lo que pasaría si fuera verdad que encuentran petróleo o gas natural! El riesgo de perder su caché de islas afortunadas, paraíso del turismo internacional y nacional como primera posibilidad.

Sobre las expropiaciones de Repsol y de REE

A propósito de las expropiaciones de empresas energéticas españolas en América (Argentina con Repsol y Bolivia con REE) se me ocurren algunos comentarios:

•Estas empresas españolas del sector energético han obtenido sus beneficios (plusvalías) de los consumidores españoles y los invierten fuera de España. Y aunque no me parezca razonable la rotura de la seguridad jurídica que han practicado estos países (como por otra parte ha hecho el gobierno español con las renovables) es indudable que el dinero que estas empresas han invertido en su búsqueda de mayores beneficios ha salido de los excesivos precios de las energías intermedias en España.

•El déficit de tarifa del sistema eléctrico en particular es consecuencia de muchas circunstancias establecidas y consentida por los gobiernos españoles de los últimos años; pero los 60 millones de dólares que dice REE que ha invertido en el sistema de transporte de electricidad de Bolivia han contribuido al déficit de tarifa español. Si se le hubieran ajustado más beneficios que obtienen aquí  se hubiera disminuido el célebre déficit.

•Seguir aumentando los beneficios que el sistema energético español proporciona a las grandes empresas energéticas españolas sirve para que se produzcan estas situaciones amen de otros inconvenientes ambientales que esas empresas producen en esos países.

En definitiva que el Sr. Evo Morales, presidente de Bolivia, se ha llevado parte de lo que hemos gastado de más los españoles en nuestro sistema eléctrico; gracias a la generosidad del sistema con las empresas y a lo fácil que resulta aumentarle la factura a los consumidores domésticos.

El que a hierro mata, a hierro muere

Es lo que pensé cuando vi la que se está liando tras la expropiación aplicada por el Gobierno argentino a Repsol. Y no es que me parezca bien, ni me alegre; me parece muy mal y me enfada.

Pero no tengo más remedio que pensar que eso mismo es lo que ha hecho el Gobierno español con las renovables y con las inversiones de grupos financieros y particulares (entre ellos yo mismo) nacionales y extranjeros, quienes hemos creído en la seguridad jurídica que teníamos en un país como el nuestro, que presume de democrático y moderno.

No puedo entender por tanto que ahora en España haya quienes se “rasguen las vestiduras” porque en un estado que se supone  también soberano como Argentina el Gobierno actúe así, cuando en España también se han hecho cosas parecidas.

Una empresa como Repsol, que decide invertir los beneficios que ha obtenido a partir de los consumidores de energía españoles y se dedica en otro país a intentar mejorar sus cuentas buscando (y encontrando) petróleo y cuando lo tiene todo en el camino que pretendían (ganar más dinero), llega el Gobierno argentino y la expropia. ¿No hubiera resultado mejor invertir en el petróleo español? Es decir, en el sol o la biomasa que tenemos aquí.

En fin, que el Gobierno español -por exponer mi caso concreto- me expropia mis horas de sol (de 1562 que tengo en mi instalación de mi casa en Mairena del Aljarafe me las limita a 1250) por una ley que viola también el principio de seguridad jurídica; igualito que en Argentina con Repsol, aunque con menos cantidad de dinero involucrada.

Curioso, ¿no?

Las noticias sobre accidentes nucleares: ¿Quién vigila al vigilante?

Cada vez que leo una noticia como la que da El País referida a un accidente en una central nuclear me acuerdo de las promesas de los partidos políticos en campaña electoral: dicen justo lo contrario de la realidad y de lo que luego hacen.

 

“Incendio “sin gravedad” en una nuclear francesa, según sus responsables” (es decir son los ¿responsables? los que determinan la gravedad del incendio).

“La alarma se ha disparado por el humo detectado en el edificio de un reactor, que se ha parado automáticamente”

En este caso –como en todos- el accidente (un incendio en el edificio de un reactor; no sabemos si en el propio reactor o dónde) es “sin gravedad” (tampoco sabemos qué significa “sin gravedad”) y también, como siempre, “según sus responsables”. ¿Acaso el gobierno francés no tiene inspectores propios o independientes que analicen ‘in situ’ y de inmediato qué es lo que ha pasado? Ya se vio lo que pasó en Fukushima, en Chernobil y en Three Miles Island: cuando las autoridades gubernamentales tomaron cartas en el asunto ya era tarde y sufrieron las consecuencias catastróficas que empiezan a irse sabiendo; poco a poco, eso sí.

El resto de la información es igual de sorprendente: “no se han producido heridos ni consecuencias medioambientales”. Por supuesto, esa información parcial me produce la misma sensación que el titular: seguro que ha habido consecuencias medioambientales –aunque no sepamos cuáles- y es muy posible que sí haya habido heridos. Otra: “los bomberos han intervenido en el edificio del reactor…”. Hemos de suponer que con las medidas de protección y con los detectores personales de radiactividad adecuados*.

Por otro lado me deja perplejo otra parte de la noticia: “Evangelia Petit, responsable de prensa de la Autoridad para la Seguridad Nuclear (ASN), en París, ha explicado que la parada automática del reactor se ha debido a la parada de una de las bombas (se sobreentiende que hay más bombas; y así es) del circuito primario de refrigeración”. Pues, menos mal que hay más bombas en el circuito primario de refrigeración del reactor, que supongo que sí han funcionado, aunque no lo digan en la noticia. ¡¿Y si fallan todas?! ¿Qué hubiera pasado?

En fin, que estamos seguros con las centrales nucleares que tenemos tan cerca y, sobre todo, estamos bien informados de lo que pasa cuando hay un “pequeño accidente” que nunca produce efectos medioambientales ni heridos. Y esto en la Francia de la maravillosa tecnología nuclear que nos vende (según dice Felipe González) toda la electricidad que consumimos los españoles aunque tengamos un parque eléctrico sobredimensionado. Y aquí no ha habido un tsunami como en Japón, ni hay empleados poco cualificados como los rusos de Chernobil.

Menos mal que a las empresas no les interesa construir más centrales nucleares en España y las que hay se supone que se irán cerrando a medida que vayan cumpliendo su ciclo de vida.

*  Que espero que no sean como los que tuve la ocasión de conocer en las minas de Bessines Sur Gartempe, donde estuve midiendo los gases radiactivos de las galerías. Se engañaba a los mineros como a ignorantes.